Mtra. María del Carmen Zamora
Licenciada en Derecho.
Maestra en Pedagogía
Docente de la Modalidad Telesecundaria en el Estado de México
La educación es una de las prioridades del desarrollo nacional para la transformación de la vida pública de México que, en estos momentos, se vive como parte de la historia de nuestro país.
Colocando al centro a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México, con una educación de sentido humanista, basada en la equidad y la excelencia, orientada a promover la movilidad, la justicia social, la reconciliación, la paz, el reordenamiento territorial y el crecimiento económico, así como fortalecer el tejido social para combatir de raíz la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
A partir de esa noción, surge La Nueva Escuela Mexicana como un instrumento del Estado para reorientar el Sistema Educativo Nacional y garantizar la educación, partiendo de la premisa que nadie se le debe excluir del ejercicio de este derecho, pues se considera como necesario para el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto.
La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, es una respuesta a la lógica de exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas. El acceso pleno a los servicios educativos es uno de los problemas fundamentales a resolver, producto del abandono y rezago a la que ha estado sujeto el sector social durante décadas.
La exclusión en educación se debe tanto a factores externos al sistema educativo como son la pobreza, la marginación, la violencia social, el desempleo, la delincuencia, la desintegración familiar, desnutrición por mencionar algunos; como también factores internos es decir, relacionados con la manera como está diseñado y funciona el sistema educativo; los factores externos e internos se alimentan unos de otros y terminan decreciendo las posibilidades de las personas a una adecuada inclusión social.
La exclusión educativa puede darse en el acceso, a lo largo del trayecto formativo o en los resultados del proceso. Algunas personas son excluidas desde el principio porque no logran ingresar a la escuela y las que lo hacen no están exentas de ser excluidas, es el caso, por ejemplo, de los educandos que no pueden tener un trayecto formativo regular y son orillados a abandonar la escuela por distintas razones: reprobación, extra edad, actos de discriminación como modelos de atención que no satisfacen las necesidades de los estudiantes, violencia escolar, embarazos tempranos en las adolescentes, desmotivación derivada de una educación sin contenidos significativos o centros educativos poco acogedores o carentes de los servicios, requerimientos y equipamientos.
Entonces para evitar la exclusión en los centros educativos es necesario conocer ¿Qué es inclusión? Las reformas constitucionales en materia educativa publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019. Sentaron las bases para la construcción de un Acuerdo Educativo Nacional donde se toma en cuenta a todos los sectores involucrados; madres y padres de familia, educandos, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y, por supuesto los maestros y maestras.
Este Acuerdo Educativo Nacional, se plasma en la letra y el espíritu del artículo 3º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual implica:
1.-Garantizar el derecho a la educación, como un elemento indispensable para el bienestar de las personas.
2.-Reafirmar la rectoría del Estado en la Educación, lo que abarca todos los aspectos para garantizar de manera plena este derecho sin que privilegien intereses de ningún sector.
3.-Colocar al centro el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como los destinatarios finales de toda suma de esfuerzos y voluntades políticas…
Con el artículo 3º. Constitucional, el Estado asume la obligación de garantizar una cobertura nacional en educación, pues por primera vez se reconoce la responsabilidad del Estado para asegurar el acceso a todas las personas a la educación, desde el nivel inicial hasta el tipo superior y por primera vez en ese precepto constitucional se establece el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
De igual forma, se establecen los principios de la educación: universal, pública, gratuita, inclusiva y laica. Con ello, la educación es un asunto de Estado, donde se apuesta a fortalecer el Sistema Educativo Nacional sobre la base de sus tres elementos fundamentales: los educandos, el magisterio y los planteles educativos.
En dicho artículo se cita que toda persona tiene derecho a la educación y la que imparta el Estado será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; y que el Estado priorizará el interés superior de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
En la fracción II, del Artículo 3º. Se menciona que, entre otros, los criterios que orientarán a la educación son:
“Artículo 3º…”
La inclusión obliga a dar a cada alumna y alumno, independientemente de sus características personales, acceso a una educación de excelencia, con profesores y profesoras calificados, materiales de calidad e infraestructura. La escuela debe recibir, proteger y educar a los desvalidos y aquellas poblaciones vulnerables que históricamente han sido excluidos de la escuela.
El derecho a la educación es un derecho universal reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos y, como tal, se aplica a todas las personas, incluye a las personas con discapacidad. Varios instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, y la Convención sobre los derechos del niño, afirman los principios básicos de la Universalidad y la no discriminación en el disfrute del derecho a la Educación.
Le educación inclusiva ha sido reconocida como la modalidad más adecuada para que los estados garanticen la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación. En la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad se señala que, para que estas personas puedan ejercer ese derecho, han de existir sistemas educativos inclusivos; en consecuencia, el derecho a la educación es un derecho a la educación inclusiva.
Tal como lo plantea Rosa Blanco (2010):“La educación inclusiva no tiene que ver solo con el acceso de los alumnos con discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado”. Se trata de un proceso de desarrollo continuo que involucra a toda la comunidad educativa, donde se requiere completar dos ejes centrales:
Las políticas educativas deben apuntar a garantizar el derecho a la educación que se plasman en distintos niveles de concreción curricular:
Un currículum es inclusivo cuando las tradiciones y culturas, de un país, las minorías étnicas o religiosas, las personas con discapacidad, las mujeres, entre otros, se ven claramente representadas en él (UNESCO, 2004).
En este sentido, el currículum, en el marco de la educación inclusiva, debe ser flexible, pensando desde su concepción, en un proceso de enseñanza que contemple los estilos de aprendizaje de sus alumnos, sus necesidades. Para esto deben plantearse objetivos de aprendizaje amplios, que garanticen las competencias básicas. Más que contenidos detallados, y con base en este marco, las escuelas deben contar con determinados rangos de libertad o espacios de libre disposición para proponer sus propios programas de estudio.
Las instituciones inclusivas se caracterizan por ser espacios educativos en los cuales se reconoce el derecho que tienen todas las personas, sin distinción de raza, cultura, condición social y económica, credo sexo, situaciones de discapacidad o talento excepcional de pertenecer a una comunidad y construir una cultura e identidad con los otros.
Como afirma Begue Lema y Begoya Sierra (2010) “En este sentido las escuelas que trabajan desde este enfoque implementan políticas y prácticas orientadas a fomentar el sentido de pertenencia, la participación y la permanencia de sus miembros en el sistema, todo enmarcado en una cultura de equidad que brinda a cada quien lo que necesita para el desarrollo de sus potencialidades”.
Estas políticas y prácticas inclusivas e institucionales se concretan a partir de los siguientes rectores:
Como establece Booth y Ainscow (2002) “Una cultura inclusiva es aquella centrada en crear una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que uno es valorado, como fundamento primordial para que todo el alumnado tenga los mayores niveles de logro. Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, el alumnado, los miembros del consejo escolar y las familias, que se transmitan a todos los nuevos miembros del centro educativo”.
Por otro lado, lograr una cultura y educación inclusiva implica que autoridades escolares y educativas como el profesorado incorporen en la estructura de sus planificaciones algunos elementos como los siguientes:
a) Un diagnóstico contextual de la escuela, del alumno y la comunidad; los diagnósticos nos facilitan un entendimiento que posibilita, entre otras cosas, comprender, conocer y buscar otros recursos de desarrollo posible y así seguir dimensionando la riqueza que la diversidad presenta; con el objetivo de utilizar las estrategias pertinentes en el desarrollo de la enseñanza del aprendizaje.
Los entornos inclusivos se construyen partiendo de la reflexión y la modificación sobre la propia acción, y sabemos lo complejo que esto resulta; sin embargo, se busca garantizar:
Actuar y potenciar la inclusión en el aula como principio rector requiere un gran compromiso por parte de los docentes y adultos en general, con cada alumno en su singularidad y lo grupal, y no solo hacia los estudiantes con discapacidad con dificultades de aprendizaje, altas capacidades o con características diversas en distinto tipo (cognitivas, étnico-culturales o socioeconómicas, entre otras).
Una escuela inclusiva invita a que todos los actores participen y que el respeto a la diversidad esté presente como valor y principio de la acción común. En este sentido, involucramiento y acompañamiento de la familia es una variable fundamental, ya que la familia y escuela tienen roles diferentes, pero complementarios dirigidos a un objetivo común, que es lograr la mejor calidad de los estudiantes y una sociedad más equitativa.
Implicar a la familia e implicarse personalmente resulta imprescindible para llevar adelante un proceso educativo de calidad, teniendo en cuenta que el paradigma de la inclusión propone escuela de puertas abiertas, directivos, docentes y comunidad dispuestos a trabajar para crear y afianzar el sentimiento de pertenencia.
Este proceso requiere una planificación sistematizada que tienda a consolidar, a través de diversas acciones, relaciones de confianza entre la familia, la escuela, los maestros y otros profesionales del sistema educativo.
De esta manera, para aumentar la participación y las expectativas de logro de todos los estudiantes se necesita poner todavía mayor atención en el tipo y modos de comunicación y articulación entre la escuela y la familia.
Las acciones que genere la escuela podrán ir desde explicitar que está abierta a sugerencias, así como entrevistas con familias, individuales y/o grupales, hasta incluso propiciar encuentros donde los miembros de las familias puedan juntarse a discutir preocupaciones en común y posibles formas de participar en la resolución.
La inclusión reside en dar lugar a las personas que están dentro del proyecto, de la escuela, a todas y todos los actores que la construyen y la configuran, como bien señala Torres (2001): “La participación, para convertirse en instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social, debe ser significativa y autentica, involucrar a todos los actores, diferenciando pero sincronizando sus roles, y darse en los diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo, desde el aula de clase hasta la política educativa, dentro de la educación escolar y también en los relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, a nivel local, así como nacional y global”.
Por lo tanto, es deseable propiciar espacios de diálogo, comunicación y participación de familias en los procesos de inclusión, brindando desde la institución la información necesaria sobre dichos procesos, con el objetivo de
generar procesos de retroalimentación entre las diversas perspectivas y a aportes que cada una de las partes tiene.
En este sentido, debemos todos los actores de la educación continuar propiciando un despliegue de la construcción y participación ciudadana, y también el trabajo constante por los valores de justicia, respeto, cuidado y responsabilidad
democrática tendientes a garantizar la protección integral de los niños, niñas y jóvenes.
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